MARTXOAK 3 ELKARTEA
Asociación de Víctimas del 3 de Marzo
La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo/ Martxoak 3 Elkartea nació en el año 1999. Anteriormente, se habían llevado a cabo muchos intentos de hacer justicia y conseguir reparación a nivel individual y se consideró que aquel era el momento de hacerlo como colectivo. Ese mismo año, se creó en el Parlamento Vasco la Ponencia de Víctimas de la Violencia y las propias víctimas de la represión policial del 3 de marzo consideraron que ellas debían estar incluidas en esa ponencia.
Por ello, llevaron a cabo las gestiones pertinentes y reunieron a una serie de afectados, como heridos y familiares de los cinco asesinados. Finalmente, la asociación se inscribió en el registro del Gobierno Vasco en octubre de 1999. A partir de ese momento se plantearon una serie de objetivos indispensables que son los mismos en los que se sigue trabajando a día de hoy: verdad, justicia, reconocimiento y reparación.

Andoni Txasko y Nerea Martínez, portavoces de la asociación. Foto: Halabedi
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VERDAD
Según explica Andoni Txasko, portavoz de la asociación, este objetivo consistía en “cambiar la versión mentirosa y tergiversada de los hechos que amparaba y cobijaba a los responsables políticos y materiales que ejecutaron aquella masacre”.
Con el paso de los años, se ha conseguido que se reconozca aquella lucha como una disputa digna por unas condiciones laborales mejores. En la actualidad, ya no se consideran terroristas a todas las personas presentes en la iglesia de San Francisco aquel día y que fueron atacadas por la Policía, sino que tienen la consideración de trabajadores luchando por sus derechos y libertades y que sufieron una represión dura e injusta.
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RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN
Los avances en este sentido no han sido tan claros como con la Verdad pero sí se han conseguido ciertas cuestiones. “Al principio era imposible que se nos reconociera como víctimas del terrorismo. Eso sigue sin ser así, pero sí ha habido otras vías y otros decretos en los que se nos está contemplando aunque no a todos por igual ni al mismo nivel que a otras víctimas”, explica Andoni Txasko. Y es que, el 3 de marzo de 2006, coincidiendo con el 30 aniversario de los hechos, el Parlamento Vasco hizo una declaración institucional reconociendo a las víctimas de 3 de marzo como víctimas del terrorismo, y exigió al Gobierno español que también hiciera lo propio. A día de hoy, esto sigue sin ocurrir.
En el año 2007, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se aprobó en el Congreso la Ley de Memoria Histórica. En ella aparecen reconocidas las familias de los cinco obreros asesinados y también el propio Andoni Txasko por su gran discapacidad, a causa de un traumatismo ocular grave que sufrió el 4 de marzo de 1976. Desde el año 2006, también cuentan con un reconocimiento en el ámbito económico, aunque, según Txasko, para ellos esto es lo menos importante.
A nivel de Euskadi, han recibido cierto reconocimiento en algunos decretos y leyes. Este es el caso del decreto sobre víctimas policiales que se aprobó en el año 2012 bajo el mandato de Patxi López (PSE) y que consideraba a todas aquellas víctimas comprendidas entre el año 1960 y 1978, un total de 187. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, participó en el tribunal que hacía las valoraciones.
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JUSTICIA
En este objetivo no se ha avanzado nada. Tras lo ocurrido, se abrieron dos diligencias que desembocaron en dos sumarios por los partes médicos de los hospitales que se trasladaron al juzgado, algo que ocurre siempre que hay heridos de bala. El primero incluía a los tres primeros asesinados, que fueron Pedro Mª Martínez Ocio, Francisco Aznar y Romualdo Barroso. En el segundo, aparecían un total de 68 personas entre las que estaban los dos obreros que murieron posteriormente, Bienvenido Pereda y José Castillo.
Estos sumarios recorrieron diversos tribunales de España, principalmente de la Justicia Militar, llegan también al Tribunal de Orden Público y terminan en el Tribunal Supremo. Allí, el juez dictaminó que la causa por la que se debían juzgar los hechos era terrorismo, considerando como terroristas a los obreros y no a los que dispararon. La Justicia Militar termina dictaminando que deben ser sobreseídos. “En los sumarios se dice que hay homicidio pero que no hay indicios suficientes para saber quiénes fueron los autores de los disparos. Solemos decir que esta es la primera gran burla de la justicia en el Estado español”, cuenta Andoni Txasko.
Posteriormente, todos los intentos para terminar con la impunidad han sido en vano. En España se aplica la prescripción y la amnistía, aún y cuando el Derecho Internacional contempla que los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados. El Tribunal Constitucional consideró que lo ocurrido no tenía una relevancia constitucional suficiente; los tribunales locales y provinciales aplicaron el mismo criterio de prescripción y amnistía que los estatales, y con esto quedaron cerradas todas las vías judiciales posibles en España.
Ahora, la única vía abierta es la querella argentina, aunque desde España no se está colaborando con el acuerdo bilateral que hay entre el país andino y España en temas de justicia. No se está permitiendo la extradición de ciertas personas ni se está permitiendo a la jueza María Servini venir a tomar declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa. Aún así, él ha dicho que acudirá el próximo mes de septiembre a prestar declaración en Argentina.
Campaña contra la impunidad
Martín Villa, persona 'Non grata'
La campaña contra la impunidad surgió de la unión de cinco organizaciones en Euskal Herria: Ahaztuak, Goldatu, Egiari Zor, San Fermines 78 gogoan y Martxoak 3 Elkartea. Todas denuncian la impunidad del Estado ante los diferentes hechos que ellas representan. “Para llevar a cabo este objetivo, pensamos en el exponente más claro que era Martín Villa. Durante su mandato hubo más de 90 muertes. Primero como Ministro de Relaciones Sindicales fue cuando ocurrió el 3 de marzo y las muertes en Basauri y Tarragona por solidaridad; y después como Ministro de Gobernación y luego Ministro del Interior”, explica Andoni Txasko.
Vitoria-Gasteiz fue la primera en declararle persona ‘non grata’ y le siguieron Arrasate-Mondragón e Iruña-Pamplona. En la capital alavesa, el pleno en el que se tomó esta decisión fue en febrero de 2019 y contó con los votos favorables de EH Bildu, EAJ/PNV, Podemos e Irabazi, y los votos en contra de PP y PSE.
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Los motivos que llevaron a tomar esta decisión en ambos partidos fueron diferentes. Por un lado, Iñaki García Calvo, concejal portavoz de Cultura del PP, dice que declarar 'non grata' a una persona no tiene ningún valor jurídico. “El conjunto de la moción que se presentó pedía muchas cosas más. En la exposición parecía que venían a enmendar un poco la Transición, hablaban de un proceso fallido y de que España continúa bebiendo del Régimen del 78. A mí eso me parece grave”, explica García Calvo. A esto añade que desde el Partido Popular no son nadie para decir quiénes son los responsables de dicha masacre.
En cambio, El PSE utiliza una motivación diferente.“Votamos en contra por la amnistía. Eso no quiere decir que sea una buena persona sino que lo que hizo se “borró” con la amnistía y sería volver a abrir algo que en este momento tiene mucho sentido”, explica Peio López de Munain, teniente de alcalde. Sin embargo, desde el PSE sí consideran responsable a Martín Villa: “Si el fue quien dio las órdenes, junto a Fraga Iribarne entre otros, claro que es el responsable, pero con la amnistía no se le piden responsabilidades”.

Foto: Martxoak 3 Elkartea
Memoria Gara
La iglesia de San Francisco como espacio de memoria y derechos humanos
La iniciativa Memoria Gara nace con un objetivo: convertir la iglesia de San Francisco en un espacio de Memoria y de Derechos Humanos. En diciembre de 2014 la parroquia celebró su última eucaristía y el lugar quedó cerrado para el culto. Desde ese momento, toda la actividad religiosa del barrio de Zaramaga se realiza en las parroquias de Belén y del Buen Pastor, y San Francisco acoge en su interior una exposición permanente de belenes.

Foto: @memoriagara

Foto: @memoriagara
Esta idea había estado en la mente de Martxoak 3 Elkartea desde hace tiempo, pero en septiembre de 2018 por fin surgió el proyecto. Se trata de una iniciativa popular en la que está involucrada gente de diferentes ámbitos como la política, la cultura, el deporte, el periodismo etc. Lo que se pretende es que el espacio guarde un lugar especial para los hechos del 3 de marzo, pero también esté presente la memoria obrera y la lucha de aquellos tiempos, y sea un espacio dinámico donde haya exposiciones y actividades en pro y defensa de los derechos humanos.
“Esta iglesia se quedó marcada. Es la iglesia de la masacre, la que te rompe el corazón, la que te llena de ira cuando lo recuerdas, la que convulsiona tu tranquilidad. Por eso hay que exigir que ese espacio se devuelva al pueblo”, explica la escritora y periodista Amparo Lasheras.